Torturan a 4 indígenas chiapanecos en San Juan del Río Querétaro. para que dijeran que venían de Guatemala

Choques eléctricos recibieron 4 indígenas chiapanecos para que dijeran que venían de Guatemala

El argumento de los agentes que detuvieron, el 3 de septiembre de 2015 en San Juan del Río, Querétaro, a los cuatro jóvenes, “fue su fenotipo, el poco entendimiento del español y anafabetismo, que según agentes del INM, los hacía creer que eran de Guatemala.

Con patadas, choques eléctricos, extorsión económica y amenazas, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) quisieron obligar a cuatro jóvenes indígenas originarios de Chiapas —dos hombres y dos mujeres, algunos menores de edad—, que se reconocieran como migrantes irregulares de Guatemala.

El argumento de los agentes que detuvieron, el 3 de septiembre de 2015 en San Juan del Río, Querétaro, a los cuatro jóvenes, “fue su fenotipo, el poco entendimiento del español y anafabetismo, que según agentes del INM, los hacía creer que eran de Guatemala. Presuntamente presentaban documentos falsos”, reconoció el comisionado nacional del INM, Francisco Garduño.

Cuatro años después de estos hechos, el titular del organismo pidió disculpas públicas a las y los agraviados, de los que se reservó su identidad a petición`ón de ellos, como parte del proceso para resarcir el daño. Francisco Garduño explicó que el 23 de enero de 2019, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas confirmó el carácter de víctimas de los cuatro indígenas chiapanecos; mientras, INM determinó sanciones administrativas a seis servidores públicos, a algunos de ellos “se les suspendió de su empleo por un periodo de 30 o 15 días”.

Los cuatro indígenas agraviados no estuvieron presentes en el acto de disculpa pública. En su representación, María Fernanda Pincus, directora de la Clínica Jurídica de la UNAM, aceptó la disculpa. Dijo que las revisiones migratorias a personas mexicanas, es algo que ocurre en todo México día con día, a quienes se confunde con extranjeros y se les somete actos discriminatorios y humillantes.

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Los cuatro jóvenes -dijo- lo que quisieron saber son tres cosas, “quiénes fueron las personas que nos hicieron este daño; porque hicieron este daño y cuáles fueron las sanciones”.

Una de ellas, quien tenía 15 años cuando fue detenida, preguntó “¿qué va hacer el INM para asegurar que ni a mi, ni a nadie en mi comunidad y mi país nos vuelva a suceder algo así (…) mis hermanos chiquitos también van a querer ir a trabajar en el norte, y como voy a saber yo que no les va a pasar esto?”.

Fernanda Pincus detalló que para los cuatro agraviados —tres de los cuales pasaron más de una semana detenidos en una estación migratoria— “esta disculpa pública es importante. En la vida hay tres palabras fundamentales: por favor, gracias y perdón. Es tan sencillo y tan importante como se escucha”, sostuvo.

El Instituto para las Mujeres en la Migración (INUMI), una de las organizaciones que acompañan a los jóvenes, sostuvo que “

En el contexto actual, con la firma del acuerdo con Estados Unidos para contener la migración centroamericana, el Gobierno mexicano ha incrementado acciones que obstaculizan el libre tránsito para la población mexicana”.

“A esta práctica se suma el perfil étnico de las autoridades migratorias, que de acuerdo con su percepción discriminan quién es una persona mexicana y quién no, aún si la población mexicana es diversa y no existe una sola forma de ser o parecer mexicana”

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El organismo añadió que la principal población afectada están jóvenes, jornaleras agrícolas, de las cuales muchas son indígenas; retornadas o deportadas, que no cuentan con documentos de identidad, por diversas razones – entre ellas, la burocracia en los trámites”.

Por su parte, en un comunicado, el INM sostuvo que como parte de la reparación integral a que tienen derecho las víctimas, está la medida de no repetición, cuyo fin se traduce en la prevención a través de la sensibilización de los servidores públicos adscritos al INM, en temas relacionados con las comunidades indígenas y la urgencia de sus integrantes a migrar a otras partes del país, para que la violación a derechos humanos no vuelva a ocurrir.

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